Derechos digitales
Derechos digitales, imprescindibles en la era de Internet
Sociedad Internet Transparencia
En la época de la digitalización, es necesario que la ley se adapte para amparar y proteger derechos fundamentales. Los derechos digitales, muy ligados a la libertad de expresión y la privacidad, son aquellos que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar medios digitales, así como acceder y utilizar ordenadores, otros dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones.
Las tecnologías digitales están transformando la forma en que se ejercen, se protegen y se vulneran derechos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información, y también están dando lugar al reconocimiento de nuevos derechos. La ley, por tanto, se está adaptando a esta nueva era con el desarrollo de los derechos digitales y la ciudadanía digital, permitiendo y regulando el acceso a la información online de forma segura y transparente.
Los avances tecnológicos son constantes y cada uno trae consigo la necesidad de un nuevo marco de regulación. La hiperconectividad que facilita el 5G, la recopilación de datos con dispositivos del Internet de las Cosas, el análisis de los mismos con Big Data o el uso de Edge Computing para su procesamiento, entre otros, generan la necesidad de regular ese tráfico de información garantizando los derechos de las personas.
Además de la evolución del marco legislativo, estos avances también invitan al desarrollo de una ética digital que prevenga la vulneración de derechos. Las consideraciones éticas son relevantes en casos como el "testamento digital", que determina qué hacer con la presencia digital de las personas fallecidas; la "desconexión digital", que limita el uso de las comunicaciones digitales fuera del horario laboral; o la gestión de los derechos digitales (DRM), en los que entran en conflicto la remuneración de los autores y el libre acceso a las obras artísticas cuyos derechos ya han caducado.
Qué son son los derechos digitales. Origen
Los ciberderechos reconocen el derecho de las personas a acceder, usar, crear y publicar medios digitales, y el derecho de acceso a los ordenadores, dispositivos electrónicos y redes de telecomunicaciones necesarios para ejercerlos. Una de las entidades emblemáticas en la defensa de los ciberderechos es la Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización sin ánimo de lucro fundada por los activistas de Internet John Perry Barlow, Mitch Kapor y John Gilmore.
En 1996, en un artículo titulado Declaración de independencia del ciberespacio
Enlace externo, se abre en ventana nueva., Barlow ponía de manifiesto la discrepancia entre los derechos fundamentales recogidos en la constitución de Estados Unidos y la vulneración de los derechos de los ciudadanos en Internet. Por ejemplo, en los años 90 el correo postal era inviolable, pero el electrónico no. El trabajo de la EFF defendiendo estos casos en los tribunales sentó las bases para el reconocimiento internacional de los ciberderechos.
La protección de datos en la era digital
El objetivo es mejorar la protección de los datos personales. ¿Cómo?
Teniendo el derecho a trasladar los datos de un proveedor de servicios a otro.
Teniendo el derecho a recibir una notificación si los datos han sido expuestos.
Aplicando una legislación más coherente y un cumplimiento más efectivo.
Estableciendo límites en el uso del procesamiento automatizado de datos para la toma de decisiones.
Facilitando el acceso de cualquiera a sus propios datos personales.
Proporcionando más, y más clara, información sobre el procesamiento de datos.
Teniendo el derecho a rectificar y eliminar los datos, incluyendo el derecho al olvido.
Solicitando un consentimiento previo para la obtención y el procesamiento de los datos.
Fuente: Consejo Europeo.
Para qué sirven los derechos digitales
Los derechos digitales no son más que una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplicados al mundo online. Su objetivo primordial es garantizar el acceso a Internet, evitando la denominada brecha digital, y un adecuado uso de la red como un bien común perteneciente al conjunto de la humanidad. Sin embargo, la falta de un consenso internacional, más allá de una resolución sobre los derechos humanos en Internet, ha hecho que cada país desarrolle su propia Carta de Derechos Digitales.
Pese a ello, organismos supranacionales como la Unión Europea (UE) sí están proponiendo un marco común, al menos en lo relativo al derecho a la protección de los datos personales. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que entró en vigor en 2018, obliga a los Estados miembros tanto a preservar los datos personales de los ciudadanos como a permitir la libre circulación de datos. En Estados Unidos, por el contrario, no existe una ley federal de protección de datos y cada estado aplica regulaciones diferentes. En el mundo hay más de 120 países que disponen de algún tipo de legislación que protege los datos personales y el acceso a la información en Internet. En 2022, la Comisión Europea realizó una Declaración de protección de los derechos de sus ciudadanos en el mundo digital, la cual cubre los derechos de todos los ciudadanos europeos.
Tipos de derechos digitales
Aunque cada país esté desarrollando su propia Carta de Derechos Digitales, hay unas líneas generales que siguen todos ellos y que repasamos a continuación:
Acceso universal e igualitario
Las personas deben poder acceder a Internet independientemente de sus ingresos, su ubicación geográfica o sus discapacidades. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reconoce en un informe que el derecho al acceso es esencial para la libertad de opinión y ciudades como Ciudad de México ya tienen programas para establecer una red de Internet gratuita.
Libertad de expresión, información y comunicación
Estos derechos humanos básicos se ven amenazados en Internet cuando los gobiernos bloquean sitios web o redes sociales, lo cual es una violación del derecho de comunicación y libre asociación, o se censuran contenidos, lo que va en contra de la libertad de expresión e información.
Privacidad y protección de datos
Los ciudadanos deben tener control sobre quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos en cualquier momento. El derecho a la intimidad se ve amenazado en Internet por el robo de credenciales, la apropiación de datos personales y su uso para obtener beneficio económico, etc.
Derecho al anonimato
El derecho al anonimato y al cifrado de comunicaciones se ve amenazado especialmente en aquellos países que prohíben el envío de mensajes y comunicaciones cifradas, algo necesario para realizar transacciones fiables y seguras en Internet.
Derecho al olvido
Es el derecho a que la información privada de una persona se elimine de las búsquedas de Internet, de bases de datos y de directorios. Actualmente, la UE lo reconoce en el GDPR como "derecho al borrado" y ya se ha invocado en otros países como Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur o la India.
Protección del menor
Los gobiernos no solo deben velar por la protección de la infancia en Internet, como por ejemplo en el caso de la pornografía infantil, sino hacer que las compañías ofrezcan medios para garantizar un acceso seguro sin infringir los derechos de los menores.
Propiedad intelectual
Se debe garantizar el reconocimiento de los autores sobre su obra artística o literaria y el derecho a ser remunerados por su uso, garantizando al mismo tiempo el libre acceso a las obras que ya sean de dominio público.
La ciberseguridad y cómo actuar si se vulneran los derechos digitales
La seguridad cibernética es fundamental para garantizar la libertad de las personas a ejercer sus derechos digitales, por ejemplo, preservando su intimidad mediante el cifrado de las comunicaciones. Pero ¿cómo actuar si se vulneran derechos digitales? Es decir, cuando una empresa comercia o divulga nuestros datos personales o se produce un acceso no autorizado, entre otros. En la mayoría de los países con una legislación sobre ciberderechos este tipo de infracciones pueden llevarse a los tribunales. En el caso de la UE, los Estados miembros disponen de organismos como el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) o de figuras como el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) que investigan y persiguen las infracciones, imponiendo sanciones que pueden llegar a cientos de miles de euros para las más graves.
