Impuestos verdes
Los impuestos ambientales se abren paso para proteger el medio ambiente
Los impuestos ambientales son aquellos destinados a gravar los comportamientos nocivos para la salud del planeta. Parten de un sencillo principio —quien contamina, paga— y son esenciales para frenar el cambio climático. Te contamos cuáles son sus ventajas, cuánto recaudan y exponemos algunas de las críticas.
El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que nos enfrentamos los seres humanos. La temperatura media global ya ha aumentado 1,1 °C desde la época preindustrial y, de no cumplir el objetivo del Acuerdo de París —mantener el aumento por debajo de los 2 °C y tratar de limitarlo a 1,5 °C—, las consecuencias podrían ser catastróficas. Necesitamos, por tanto, reducir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial y organismos internacionales —como el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, organizaciones ecologistas y numerosos economistas coinciden en que una herramienta clave para combatir el cambio climático son los impuestos ambientales.
Qué son los impuestos ambientales
De acuerdo al marco estadístico desarrollado conjuntamente en 1997 por Eurostat, la Comisión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los impuestos ambientales son "aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medioambiente".
En un escenario sin regulaciones, una empresa podría fabricar un producto de manera contaminante sin considerar su impacto sobre la salud del planeta o del medio ambiente. Esto es lo que en economía se conoce como externalidad. La finalidad de los impuestos verdes es obligar a pagar una tasa a los contaminadores bajo el principio de quién contamina paga, de tal forma que el precio refleje también el coste de estas externalidades.
Beneficios de los impuestos ambientales
Existe casi total unanimidad a la hora de señalar la fiscalidad ambiental como una herramienta clave para avanzar hacia una economía descarbonizada que favorezca el desarrollo sostenible. Entre los principales beneficios que justifican la existencia de este tipo de impuestos destacan:
Internalizan las externalidades negativas.
Promueven el ahorro energético y la utilización de fuentes renovables.
Desincentivan comportamientos antiecológicos.
Incentivan a las empresas a innovar en sostenibilidad.
Generan recaudación para los gobiernos que puede servir para bajar otros impuestos o para desarrollar proyectos ambientales.
Protegen el medio ambiente.
El FMI ha propuesto que los países que más gases de efecto invernadero emiten establezcan un impuesto sobre las emisiones de CO2. Según esta organización, esa tasa tendría que ser de 75 dólares/68 euros por tonelada en 2030. El organismo sostiene que esta tasa impactará, principalmente, en el uso del carbón para generar electricidad. Este tipo de impuestos buscan desplazar formas de energía más contaminantes en favor de otras menos contaminantes, como las renovables.
La situación ideal de la fiscalidad ambiental es lo que se conoce como la hipótesis del doble dividendo. Contrariamente al prejuicio de que los impuestos verdes lastran la economía, un escenario en el que la subida de estos impuestos se viera compensada con una bajada de impuestos al trabajo, al capital o al consumo redundaría en un doble beneficio: la mejora de la calidad ambiental y de la eficiencia del sistema económico.
Qué gravan los impuestos verdes
Cada país cuenta con su propio diseño en materia de fiscalidad verde. Pese a ello, a nivel internacional los principales hechos imponibles con interés ambiental son:
Las emisiones de monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) que producen, sobre todo, los vehículos de combustión.
Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) —principal causante de la lluvia ácida—producidas, especialmente, por la combustión de productos petrolíferos y la quema de carbón.
La gestión de residuos (domésticos, comerciales, industriales, de construcción, etc).
El ruido producido por el despegue y aterrizaje de los aviones.
Los productos energéticos (gasolina, diésel, gas natural, carbón, producción de electricidad con combustibles, etc.) cuya combustión genera emisiones de CO2.
Fuentes de polución del agua (pesticidas, fertilizantes artificiales, ácidos, etc).
El manejo de la tierra y la extracción y uso de recursos naturales.
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Los productos que reducen la capa de ozono.
El transporte (matriculación, uso, importación o venta de vehículos contaminantes).
En cuanto a los sectores, el más afectado por la fiscalidad ambiental es el energético. De acuerdo a Eurostat, en 2021 los impuestos sobre la energía en la Unión Europea (UE) representaron más de las tres cuartas partes de los ingresos totales por impuestos medioambientales (78,4 % del total), muy por delante de los impuestos sobre el transporte (18,1 %) y la contaminación y los recursos (3,5 %).
La recaudación de los impuestos verdes
En el último año, la UE recaudó más de 300.000 millones de euros, lo que representa el 2,2% del PIB europeo y un 5,4% del total de ingresos tributarios.
Por tipo de impuesto
(Unidad en mil millones de euros)
Por países
(% del PIB)
VER INFOGRAFÍA: La recaudación de los impuestos verdes [PDF]
Principios para una buena imposición ambiental
De acuerdo con la OCDE, una buena regulación ambiental debería seguir los siguientes principios:
- Los impuestos ambientales deben dirigirse a la actividad que causa el perjuicio, con mínimas excepciones.
- El ámbito del impuesto ambiental debe cubrir todo el daño.
- El tipo impositivo debe ser proporcional al daño medioambiental causado.
- Los impuestos deben ser creíbles y predecibles para incentivar comportamientos coherentes con la protección del medio ambiente.
- Los ingresos procedentes de la reforma fiscal medioambiental pueden servir como ingresos adicionales o para reducir otros impuestos.
- Los problemas de equidad deben solucionarse mediante otro tipo de políticas específicas.
- Los posibles problemas de competitividad deben ser tenidos en cuenta, pero no para frenar los impuestos sino para plantear la posibilidad de coordinar políticas o establecer periodos transitorios a la aplicación de la reforma.
- La imposición medioambiental debe ser explicada a la opinión pública para facilitar su aceptación.
- En ciertos casos, los impuestos medioambientales no son suficientes para solucionar un determinado problema y deben ser utilizados en coordinación con otros instrumentos de política ambiental.
Sin embargo, es frecuente que la implementación de las distintas figuras impositivas y el conjunto de la denominada imposición ambiental no refleje estos principios. Entre las críticas más frecuentes se encuentran:
- Falta de vinculación a las externalidades negativas que han generado el impuesto.
- Falta de consistencia ambiental en el diseño al no estar basado en el daño ambiental.
- Falta de consideración del alcance espacial de los hechos imponibles, sometiendo tecnologías e instalaciones en lugar de daños y consumos.
- Tipos demasiado reducidos para desincentivar a los agentes causantes del daño medioambiental.
- Los impuestos sobre el carbono a menudo son cero o casi inexistentes en países como Estados Unidos, mientras que en Suecia o Finlandia son la principal fuente de impuestos verdes.
- La complejidad y heterogeneidad de tributos a los que se ve sometido el sector más afectado de todos, el energético.
- La falta de homogeneidad internacional o regional en materia de fiscalidad ambiental provoca disparidad en la recaudación.
La fiscalidad ambiental es comúnmente señalada como una pieza clave para frenar el cambio climático y, por esa razón, los expertos en la materia, organismos internacionales —como la OCDE o la Comisión Europea— critican la falta de compromiso en fiscalidad ambiental de muchos países y les insta a que hagan reformas fiscales verdes.