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La respuesta a desafíos globales como el cambio climático, la volatilidad geopolítica y la necesidad de una mayor eficiencia está impulsando una electrificación creciente de la economía que permita alcanzar un modelo energético más eficiente, sostenible y autónomo. Cada vez más, la energía eléctrica se consolida como vector clave para descarbonizar sectores como la movilidad, la edificación y la industria. De hecho, según el informe World Energy Outlook 2025 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la electricidad podría representar el 40 % del consumo total de energía en 2035, y en escenarios más ambiciosos como el de Emisiones Netas Zero, este porcentaje podría aumentar hasta el 50 % en 2050.

Esta transformación exige repensar y reforzar las infraestructuras que sostienen el sistema energético. Las redes eléctricas, encargadas de transportar la energía desde las fuentes renovables hasta los puntos de consumo, serán esenciales para dar respuesta a una demanda más distribuida, dinámica y digitalizada. También lo serán el almacenamiento, para garantizar la resiliencia y la seguridad energética. Y en lo que se refiere a la generación, tecnologías como la solar y la eólica, cuyos costes se han abaratado y apenas reflejan costes de combustibles fósiles, se han convertido en una opción muy atractiva.

Una inversión inicial fuerte en producción de electricidad a través de fuentes renovables, que traerá grandes ahorros a largo plazo, será clave para poder satisfacer la demanda. El crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial, que se erigen como nuevos gigantes de la demanda, conllevará una inversión que superará a la destinada al suministro mundial de petróleo. Las necesidades a nivel de infraestructura de estas nuevas tecnologías ya está congestionando la red y supone una oportunidad para que su crecimiento sea compatible con los principios de sostenibilidad gracias al uso de energías renovables como fuente de energía principal.

Para avanzar con paso firme, será necesario contar con marcos regulatorios predecibles y una cooperación entre todos los actores del sector —productores, distribuidores, reguladores y usuarios— para movilizar las inversiones necesarias y construir una red eléctrica capaz de acompañar esta transformación con seguridad, eficiencia y garantía de suministro.